EL EFECTO SUSPENSIVO DE LAS EJECUCIONES SINGULARES EN LA SOLICITUD DE PRECONCURSO

La Ley Concursal establece la obligación de solicitar  la declaración de concurso de la  empresa dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su situación de insolvencia.

No obstante, el artículo 5 bis de la propia Ley Concursal establece la posibilidad solicitar lo que  comúnmente se conoce como preconcurso;  poner  en conocimiento del Juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o, en su caso, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.  El deudor dispondrá entonces de cuatro meses para superar la posible insolvencia, obtener adhesiones a una propuesta de convenio o, en último término solicitar el Concurso de Acreedores.

Resulta frecuente encontrar empresas o deudores persona física que no detectan cuando debieran su situación de insolvencia, o creen que dependiendo de alguna circunstancia futura esa insolvencia será pasajera, pero las reclamaciones o ejecuciones que se siguen contra ese deudor pueden paralizar o imposibilitar la actividad.

La Ley Concursal es aprobada en 2009, pero desde la entrada en vigor del provisional Real Decreto Ley 4. 2014 la nueva redacción del artículo 5 bis de le Ley Concursal, con incidencia en el 568. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se bloquea el inicio o continuación de procesos ejecutivos que afecten a bienes necesarios para la continuación de la actividad empresarial o profesional de la deudora.

Este bloqueo o suspensión de las ejecuciones se produce hasta la formalización del acuerdo de refinanciación, la providencia que admite a trámite su homologación, la adopción del acuerdo extrajudicial, la obtención de las adhesiones a la propuesta anticipada de convenio o, en última instancia la declaración de concurso.

En cuando a la concreción de los bienes necesarios para la continuidad de la actividad, ha de tenerse en cuenta que el Real Decreto Ley sustituye la redacción “bienes afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor” por el concepto “bienes necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial“. Es, sin duda, un concepto mucho mas restrictivo porque mientras todos los bienes de una empresa están a priori afectos a la actividad, no todos ellos son necesarios para la continuidad de su actividad. Sin embargo,  conviene tener en cuenta que es posible separar el derecho de disposición sobre el bien, sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.

 

La Audiencia Provincial de Oviedo declara que Bankia actua con temeridad.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Oviedo, en reciente sentencia de 1 de  octubre de 2015, declara temerario el recurso de apelación formulado por Bankia y le impone las costas por dicha temeridad.

La actitud de Bankia se considera temeraria por la “claridad de la sentencia de primer grado y de las resoluciones ya dictadas en el mismo sentido”  por la propia Audiencia Provincial de Oviedo.

La sentencia resuelve un recurso formulado por la entidad bancaria frente a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia  número cuatro de los de Oviedo, que estimaba la demanda formulada frente a Bankia, y en la que se declaró la nulidad de las órdenes de compra de acciones, con obligacione de restitución al demandante del dinero invertido junto con sus intereses.

La entidad bancaria formuló recurso de apelación por los motivos que viene esgrimiendo en la práctica totalidad de sus oposiciones y recursos; existencia de prejudicialidad penal, error en la valoración de la prueba en general y del informe emitido por los peritos del Banco de España en General, la doctrina del hecho notorio y la inexistencia de error en el consentimiento.

Según expone la Audiencia Provincial de Oviedo bastaría con remitirse a los razonamientos expuestos en sus sentencias de 23 de marzo y 11 de mayo de la Sección Quinta , o las de 8 y 22 de julio del mismo año 2015 de la Sección Cuarta para rechazar el recurso, pues entiende que todas las cuestiones planteadas han merecido ya cumplida y detallada respuesta en la misma línea que en la sentencia recurrida, que entiende que analiza con acierto la misma problemática, sin que nada nuevo se alegue en el caso particular que se enjuicia y que lo diferencie de los restantes.

 

Cómo recuperar el dinero invertido en acciones de Bankia

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En los últimos años han sido muy frecuentes las reclamaciones judiciales interpuestas frente a las entidades bancarias por diversas razones;  contratación de swaps o derivados financieros de extraordinaria complejidad, de participaciones  preferentes, de obligaciones subordinadas,   o  la inclusión de clausulas suelo en los préstamos hipotecarios.

Los argumentos más comunes en estas reclamaciones han venido siendo el error o vicio del consentimiento -por falta de explicación de los detalles del producto financiero o por su desproporcionada complejidad para el perfil de cliente- ,  y  la vulneración de derechos de los  consumidores.

Recientemente son numerosas las reclamaciones y pleitos civiles interpuestos por compradores  o suscriptores de acciones de Bankia S.A interesando  judicialmente la devolución del  precio pagado por las acciones.

El fundamento principal para dichas reclamaciones es la nulidad del contrato de adquisición de acciones por error o vicio del consentimiento. A groso modo, se puede decir que nuestro Código Civil establece que será nulo el consentimiento prestado, entre otras razones, por error o dolo, siendo que existe dolo cuando una parte es inducida a celebrar un contrato con palabras o maquinaciones insidiosas,  y  sin las cuales  no hubiera contratado.

Para entender el fundamento fáctico de estas reclamaciones hay  que remontarse al año 2011 cuando, incluso antes de la salida a bolsa de Bankia, aparecieron en los medios noticias y mensajes publicitarios que presagiaban estupendos rendimientos para los futuros inversores en dicha entidad.  Se insistía en que Bankia era una entidad de una extraordinaria solvencia y fortaleza económica que iba a ser,  según los propios folletos creados para la campaña de venta, la cuarta entidad bancaria de España.

Pero lo cierto es que, muy poco tiempo después, concretamente en mayo de 2012, Bankia se vio obligada a  reformular sus cuentas sacando a la luz unas notables pérdidas.  Pero es que, además,  en el año 2014 los técnicos del Banco de España designados como peritos en las diligencias penales que sigue el Juzgado Central de Instrucción nº 4 confirmaron   que las cuentas de la entidad del año 2011 no mostraban una imagen fiel de su situación financiera, la cual llegaron a calificar de muy deteriorada.  Este último hecho resulta especialmente relevante porque ofrece incluso la posibilidad de alegar, con las debidas cautelas, la existencia de falsedad en los datos ofrecidos por la entidad bancaria para la oferta pública de suscripción de acciones.

Como consecuencia, podrá reclamar la devolución del precio de las acciones junto con los correspondientes intereses, cualquiera que hubiera comprado acciones de Bankia entre julio de 2011, fecha su oferta pública de suscripción, y el 25 de mayo  de 2012, fecha en la que el nuevo equipo gestor de la entidad reformuló las cuentas de la entidad.

Cabe señalar que la reclamación se podría instar en diversas jurisdicciones y con diversos fundamentos, no obstante, lo más aconsejable es acudir a la vía civil, ante el juzgado de instancia, y solicitando que se declare la nulidad del contrato de adquisición por error o vicio del consentimiento y la devolución del dinero y sus intereses.

El plazo para el ejercicio de esta acción en concreto es de 4 años desde que el suscriptor tuvo conocimiento del error, lo que aconteció con la reformulación de las cuentas el 25 de mayo de 2012, por lo que la acción habrá de ejercitarse antes del 25 de mayo de 2016.

Cabe también la posibilidad, ofrecida fundamentalmente por grandes despachos, de hacer efectiva la reclamación por medio de una demanda colectiva, es decir,  junto con otros muchos perjudicados en una misma demanda, y alegando fundamentalmente que existe vicio de consentimiento por una falsedad en las cuentas, lo que afectaría por igual a todos los compradores demandantes .

Sin embargo, han sido varios los juzgados que han inadmitido las reclamaciones colectivas por entender que no les compete a estos juzgados pronunciarse sobre la falsedad de las cuentas, y  que, al englobar en una sola reclamación inversores  de muy distinta cuantía económica y perfil, el ejercicio conjunto obliga a un tratamiento muy genérico del error o vicio del consentimiento, lo que resulta muy difícilmente compatible con la propia naturaleza de una acción que analiza, precisamente,  el error o vicio en el  consentimiento de cada uno de ellos.